índice DE PAZ MÉXICO

Costó la violencia a México $268 mil millones de dólares
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México

En 2018, el nivel de paz se deterioró 4.9% en México, lo que constituye el tercer año consecutivo a la baja. La tasa de homicidios aumentó 14%, superando las 27 muertes por cada 100,000 personas, el nivel más alto registrado.

El año pasado, el 69.4% de los homicidios fueron cometidos con un arma de fuego. Y la violencia afectó tanto a los políticos como a los civiles, con al menos 850 actos de violencia política registrados durante el ciclo electoral de 2018. Al menos 175 candidatos o funcionarios fueron asesinados. El principal hallazgo de la sexta edición del IPM es que, ante la escalada de violencia, el gobierno ha invertido en el sistema judicial menos de lo que se requiere, limitando con esto la capacidad institucional para impulsar la paz y proveer justica y seguridad. La justicia penal efectiva requiere mayor inversión. Hoy en día, el gasto del gobierno en las fuerzas policiales y el sistema judicial es apenas la mitad del promedio de los demás países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como porcentaje del PIB. Aunado a ello, únicamente en 7% de los delitos se abrieron carpetas de investigación en 2017 y menos de 3% se cerraron con una sentencia, lo que arrojó una tasa de impunidad de 97%.

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Estados medidos y clasificados según sus niveles relativos de paz.

El grave impacto económico de la violencia justifica el aumento del gasto. El impacto económico de la violencia se elevó 10% en 2018, alcanzando los 5.16 billones de pesos (US$268 mil millones), lo que equivale a 24% del PIB del país. En términos per cápita, el impacto económico de la violencia fue de 41,181 pesos, más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano. Además, esta cifra varía considerablemente de estado a estado: va desde 10,808 pesos en Yucatán hasta 83,167 pesos en Colima.

El costo de oportunidad perdido es alto: reducir la violencia de todo México al nivel de sus cinco estados más pacíficos generaría un dividendo de paz de 2.5 billones de pesos al año, o 10 billones de pesos durante un periodo de cuatro años. Eso implicaría un valor económico adicional equivalente a 11% del PIB de México de 2018, o más de 11 veces el gasto actual del gobierno federal en seguridad interna y justicia.

Sin embargo, es imperativo no solo gastar más, sino también gastar mejor. El IPM 2019 presenta los datos y el análisis de las posibles soluciones para alcanzar una paz sostenible en México.

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La tasa de homicidios aumentó 14% en 2018

superando las 27 muertes por cada 100,000 personas, el nivel más alto registrado. El año pasado, el 69.4% de los homicidios fueron cometidos con un arma de fuego.

La violencia afectó a civiles y políticos

con al menos 850 actos de violencia política registrados durante el ciclo electoral de 2018. Al menos 175 candidatos o funcionarios fueron asesinados.

Ha habido mejoras en la capacidad del sistema judicial

en los últimos años. Pero México tiene tan sólo 3.5 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, muy por debajo del promedio global de 16. El déficit de jueces se traduce en que menos casos vayan a los tribunales y contribuye a la impunidad.

Impunidad y capacidad de justicia

La profesionalización y el aumento de la capacidad serán críticos.

México sigue enfrentando altos índices de corrupción. En 2018, casi 70% de los mexicanos creían que los jueces eran corruptos y más de 65% tenían la percepción de que en el Ministerio Público, la institución a la que deben denunciar un delito, había corrupción. Este porcentaje es mayor entre las personas que han sido víctimas de un delito, pues llega a 78% de los encuestados. Pese a los elevados índices de homicidios, delitos con violencia y crímenes de la delincuencia organizada, los estados registraron en 2017 una mediana de 110 elementos de seguridad pública por cada 100,000 habitantes, lo que evidencia la falta de capacidad humana suficiente. Esta proporción representa menos de la mitad del promedio del resto de América Latina. De acuerdo con los datos más recientes, México tiene tan sólo 3.5 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, muy por debajo del promedio global de 16. El déficit de jueces se traduce en que menos casos vayan a los tribunales y contribuye a que haya bajas tasas de condenas. Resulta alentador que en los últimos años ha habido mejoras en la capacidad del sistema judicial. Por ejemplo, el número de agencias del Ministerio Público se incrementó 8%, y la proporción de Ministerios Públicos que cuentan con especialistas en delitos “graves”, como homicidio y violación, ha aumentado de 15% a casi una tercera parte de las agencias desde 2016. Además, el presupuesto per cápita de los Ministerios Públicos estatales se incrementó 20% en el mismo periodo, y el personal de las procuradurías generales de justicia estatales creció 3% en los dos últimos años. Será necesario que México siga destinando una mayor inversión a la capacidad del sistema de justicia penal y mejore la distribución presupuestaria para revertir la tendencia de violencia creciente.

Mapa del Índice de paz de México

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