¿TENDRÁ FIN EL CICLO INFERNAL DE VIOLENCIA CRIMINAL EN MÉXICO?

Guillermo Trejo,
Profesor de ciencia política en la Universidad de Notre Dame y fellow del Kellogg Institute for International Studies.

Los datos oficiales y ahora el oportuno análisis del Instituto para la Economía y la Paz muestran de forma lapidaria que 2017 fue el año más violento en la historia reciente de México. Medido en términos de la tasa de homicidio, y desagregando la información para identificar los homicidios dolosos, el reporte ofrece un panorama sombrío de una nueva espiral de violencia en el país. Tras el fatídico aumento de la tasa de homicidio entre 2007 y 2011, parecía que el agudo ciclo de violencia originado por la guerra contra el narcotráfico iniciada por el presidente Felipe Calderón – en el cual se multiplicó por dos la tasa de homicidio y se sextuplicó el número de homicidios asociados al crimen organizado – empezaba a ceder. A mediados del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, muchas voces optimistas hablaban incluso de la necesidad de explicar cómo el país había logrado doblegar la violencia criminal.

¿Por qué falló de manera tan fehaciente nuestra capacidad predictiva? ¿Por qué la violencia criminal hoy es mayor que nunca antes?

Partiendo del informe del Instituto para la Economía y la Paz, en este ensayo quisiera aportar algunos elementos teóricos y conceptuales y abonar los resultados de diferentes estudios empíricos que en su conjunto sugieren que a pesar de que el crimen organizado ha mutado de una forma vertiginosa, las formas de violencia se han multiplicado y los tipos de víctimas se han esparcido rápidamente, nuestro entendimiento y medición de estas nuevas realidades criminales no ha avanzado a la misma velocidad. El resultado es que hoy tenemos un retrato parcial del problema y las recomendaciones de política
pública en el mejor de los casos tocan tan sólo la punta del iceberg de la violencia criminal.

Las sugerencias que aquí comparto van en la misma dirección del llamado que hace el Instituto para la Economía y la Paz para desagregar los datos de violencia criminal y atender a diferentes formas de violencia. Intento, sin embargo, ir un paso más allá al señalar la necesidad de empezar a reconocer, nombrar y medir realidades de violencia criminal hasta hoy ignoradas. Las recomendaciones de política pública también van en el mismo sentido del llamado del Instituto a mirar el problema de la impunidad y la corrupción, pero sugiero abrir el lente con el que miramos la impunidad para atender tres tipos de violaciones interrelacionadas que tienen hoy postrado al país: la corrupción, la violencia criminal y las graves violaciones de derechos humanos.

Esta compleja red de actores y violaciones nos obliga a considerar el uso de mecanismos extraordinarios, como un mecanismo híbrido de apoyo internacional a investigaciones y procesos judiciales domésticos. A México le ha llegado la hora de aceptar que las soluciones puramente endógenas ya no funcionan.

REPENSAR EL PROBLEMA

En México llevamos más de una década discutiendo los datos de homicidios y de homicidios presuntamente perpetrados por el crimen organizado. Sin duda, estos datos representan métricas vitales para entender el fenómeno criminal. Pero tratar de entender la evolución del crimen organizado y de las diferentes formas de violencia solamente a través de este lente puede ser muy limitante. Tras casi tres décadas de conflictos bélicos entre cárteles y tras una década de una guerra fallida del Estado mexicano contra el crimen organizado, hoy sabemos que en estos conflictos prolongados los actores criminales mutan de piel y sus objetivos, métodos y formas de violencia también se transforman de manera importante.

Como lo han demostrado diferentes estudios, la guerra contra el narco y la política de descabezamiento de las organizaciones criminales iniciada por el presidente Calderón y refrendada por el presidente Peña Nieto, resultaron en una acelerada fragmentación de los cinco cárteles que inicialmente dominaban el trasiego la droga en más de 200 organizaciones criminales de distintos tamaños y giros criminales (Guerrero 2016).

La fragmentación dio pie a una competencia letal por el trasiego de la droga, la cual explica, en parte, el crecimiento exponencial de los homicidios atribuibles al crimen organizado de la última década (Calderón, et. al. 2015; Phillips 2015).

La fragmentación y la violencia que surge de la competencia son fenómenos que hemos logrado parcialmente medir. Como apunta el reporte del Instituto, aunque no contamos con información sobre víctimas y victimarios ni sus características, la combinación de las cifras gubernamentales y las estimaciones a partir de recolecciones hemerográficas realizadas por los mismos periódicos, empresas privadas y académicos, nos permiten entender los parámetros básicos de la violencia criminal.

Pero poco sabemos sobre cómo la feroz competencia por el trasiego de la droga llevó a los cárteles y a sus socios a la diversificación hacia nuevas industrias criminales. En estas transformaciones quizá el fenómeno más relevante fue que las organizaciones criminales expandieron su radio de acción hacia actividades extractivas de riqueza humana como la extorsión, el secuestro, el tráfico de migrantes y la trata de mujeres y menores. En estas industrias criminales, el negocio consiste en la victimización ciudadana. Además de la extracción de la riqueza humana, los cárteles también expandieron su radio de acción hacia la extracción de recursos naturales como los bosques, el petróleo y minerales diversos. La operación de estas industrias es sólo posible mediante la sumisión de organizaciones sociales y de gobiernos locales.

En su rápida expansión hacia actividades extractivas, los cárteles y diversas organizaciones criminales fueron poco a poco apoderándose de municipios enteros – de sus recursos públicos, de importantes puestos en los gobiernos municipales como las direcciones del catastro, la asignación de obras públicas, la regulación de actividades comerciales y las policías municipales. El control de los gobiernos municipales les ha permitido desarrollar regímenes locales de gobernanza criminal mediante los cuales controlan no solamente las industrias criminales de extracción de riqueza humana y natural sino también del trasiego de la droga.

Junto con mi colega Sandra Ley, en diferentes estudios hemos dado cuenta de cómo los cárteles y las organizaciones criminales han asesinado cientos de autoridades locales y candidatos a puestos municipales de elección popular para establecer la gobernanza criminal (Trejo y Ley 2015 y 2018). Nuestros estudios demuestran que los ataques letales en contra de autoridades y candidatos aumentan durante ciclos electorales locales y que entre 2006 y 2012 los ataques fueron más frecuentes en municipios de estados gobernados por la izquierda, en donde el feroz conflicto entre el presidente Calderón y la izquierda partidista dejó a cientos de alcaldes desprotegidos y vulnerables a ataques criminales. Ya para 2015, un tercio de la población nacional habitaba en municipios que habían experimentado al menos un ataque en contra de autoridades y candidatos locales.

Habiendo penetrado los gobiernos locales, los cárteles y otras organizaciones criminales han ejercido el control de colonias, pueblos y ciudades enteras mediante la sujeción de la ciudadanía. Teniendo bajo su control a los gobiernos municipales y con la protección informal de las fuerzas estatales – en su mayoría agentes corruptos de las policías ministeriales, de las secretarías de seguridad pública y de las procuradurías estatales – las organizaciones criminales han ejercido una violencia letal en contra de cualquier actor de la sociedad civil que exponga, denuncie, dispute o ponga a prueba la hegemonía criminal. Así se explican las olas de asesinatos de cientos de periodistas, activistas sociales, defensores de derechos humanos y sacerdotes y religiosas; así se explican muchas de las desapariciones forzadas y los cientos de fosas clandestinas que han venido apareciendo año con año desde que inició la guerra contra el narco; y así se explican las múltiples masacres que han cimbrado al país, incluidas atrocidades colectivas como la tristemente emblemática desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

Al tiempo que la tasa de homicidio iba en descenso entre 2011 y 2015, estas otras formas de violencia iban en aumento. Los asesinatos contra autoridades y candidatos, periodistas y activistas sociales siguieron y se multiplicaron durante el sexenio del presidente Peña Nieto. No deja de ser paradójico que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sucedió cuando la tasa de homicidio iba a la baja y cuando el gobierno federal y algunos de nuestros más agudos analistas políticos pregonaban el fin del ciclo infernal de violencia criminal.

Atender a las diferentes formas de violencia más allá de la tasa de homicidio nos remite a nuevos fenómenos que conllevan retos mayúsculos de política pública.

Señalo tres:

  1. Las nuevas realidades de gobernanza criminal nos hablan de la captura de estructuras de gobiernos locales pero también de diferentes formas de corrupción y colusión a distintos niveles de gobierno – particularmente el estatal – que hacen posible el desarrollo y persistencia de la nueva gobernabilidad criminal.
  2. La expansión del crimen organizado a industrias extractivas de riqueza humana y natural se han traducido en una nueva era de victimización ciudadana y de graves violaciones de derechos humanos, en la que tanto actores criminales como gubernamentales están involucrados en la perpetración de lo que algunos estudios califican ya de crímenes de lesa humanidad (Open Society Justice Initiative 2016).
  3. Las violaciones que surgen del empalme de la corrupción, la criminalidad y las graves violaciones de derechos humanos se mantienen impunes en la mayoría de los casos.

IMAGINAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS

En México empieza a surgir un consenso en torno a la idea de que la impunidad es uno de los motores de la inseguridad y de la violencia criminal. Una tasa de impunidad criminal del 99%, como lo sugiere el Instituto a partir de datos de la Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE), hace posible el crecimiento, la diversificación y la persistencia de industrias criminales y de diferentes formas de violencia.

A partir del paradigma de la economía del crimen, iniciado por el eminente economista Gary Becker (1968), en México diversos actores han concluido que el crimen es posible porque las penas son bajas o porque la probabilidad de que se capture al criminal y se castigue el crimen es mínima.

Esto se ha traducido en tres propuestas:

  1. Aumentar las penas y adoptar políticas de mano dura mediante la militarización de la seguridad;
  2. Aumentar la probabilidad de la captura mediante una mayor presencia de las policías y los ministerios públicos; y
  3. Aumentar la probabilidad de captura y castigo mediante sendas reformas de las policías y reformas de fondo del sistema judicial que van desde cambios profundos en las prácticas de los ministerios públicos hasta la creación de una fiscalía autónoma.

Existe suficiente evidencia empírica para desechar el argumento militarista de políticas de mano dura como solución de la violencia criminal. Dos de los estudios comparativos más serios en las ciencias sociales (Neumayer 2003; Rivera 2016), aportan resultados estadísticos robustos que demuestran que políticas represivas de mano dura estimulan, más que disminuir, la violencia criminal (medida por la tasa de homicidio).

Existe, también, evidencia que cuestiona el argumento sobre la mayor presencia del Estado como solución a la violencia criminal. En diferentes estudios sobre los determinantes políticos de la violencia criminal en México, mi colega Sandra Ley y yo hemos constatado de manera reiterada que los homicidios asociados al crimen organizado son mayores en municipios con una mayor presencia de los ministerios públicos (Trejo y Ley 2015 y 2018).

El que la presencia del Estado esté asociada con mayores niveles de violencia criminal puede ser un perturbador indicio de que al estar los agentes estatales coludidos con el crimen organizado, su presencia estimula, en lugar de reducir, la violencia criminal.

El que la presencia del Estado esté asociada con mayores niveles de violencia criminal puede ser un perturbador indicio de que al estar los agentes estatales coludidos con el crimen organizado, su presencia estimula, en lugar de reducir, la violencia criminal. Y no es que la presencia del Estado se explique porque hay más crimen. En los municipios indígenas de México, donde el Estado ha estado históricamente ausente, los niveles de violencia criminal tienden en promedio – salvo graves excepciones como la Sierra Tarahumara – a ser menores. Ahí los grupos criminales no encuentran a sus comparsas estatales que les son vitales para desarrollar la industria criminal.

El tercer argumento cuenta con mucho mayor sustento, pero la evidencia comparativa muestra que cuando la violencia criminal la generan redes donde convergen actores estatales y criminales, las resistencias a cualquier reforma de fondo, o a cualquier intento por parte de agentes limpios de llevar ante la justicia a los miembros de estas redes criminales, son formidables. Como lo demuestra la experiencia de Guatemala previo a la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), jueces que han intentado hacer justicia en contextos de colusión entre Estado y crimen organizado con frecuencia son amenazados para desistir o son simplemente asesinados.

Hay también enormes resistencias de parte de fuerzas de seguridad que no se coluden con el crimen organizado pero que combaten al crimen mediante políticas de mano dura. Unas veces estos agentes estatales ejecutan extrajudicialmente a miembros del crimen organizado y otras veces a “falsos positivos” – es decir, a civiles que no tienen ningún vínculo con el mundo criminal.

Cuando parte del aparato estatal está cooptado por el crimen organizado y la otra tiene esqueletos en el clóset por graves violaciones de derechos humanos cometidas en la lucha contra el crimen, las soluciones endógenas pierden su viabilidad y cobra importancia modelos híbridos de cooperación internacional con fiscales autónomos. El ejemplo emblemático de este tipo de cooperación híbrida es la CICIG. Con el objetivo de acabar con la impunidad que hace posible la corrupción, la criminalidad y las graves violaciones de derechos humanos, la CICIG es un caso exitoso de cooperación de Naciones Unidas con la fiscalía guatemalteca para desmantelar redes militares y criminales que se habían apoderado no solamente del submundo criminal sino de enormes bolsones del Estado y que mediante un uso brutal de la violencia tenían postrada a la sociedad guatemalteca.

Los reportes que año tras año dan fe de un interminable ciclo infernal de violencia criminal en México, en el cual la violencia aumenta y se multiplica y en el que el crimen organizado ha pasado de cooptar a agentes estatales a apoderarse de pedazos del Estado mismo, sugieren que el tiempo de las soluciones meramente endógenas ha llegado a su fin. Es muy probable que en México llegó el momento de voltear la mirada a esquemas más audaces de justicia extraordinaria, en los que la cooperación internacional es de vital importancia para hacernos de instrumentos institucionales para ponerle fin a este largo ciclo de violencia criminal que está acabando con generaciones enteras.

REFERENCIAS

Becker, G. 1968. Crime and punishment: An economic approach. En G. Becker & W. Landes (eds.) Essays in the Economics of Crime and Punishment, NBER, 1–54.

Calderón, G., Robles, G., Díaz-Cayeros, A., & Magaloni, B. 2015. The beheading of criminal organizations and the dynamics of violence in Mexico. Journal of Conflict Resolution, 59(8), 1455–1485.

Guerrero, E. 2016. La inseguridad (2013–2015), Nexos, enero 2016.

Neumayer, E. 2003. Good policy can lower violent crime: Evidence from a cross-national panel of homicide rates, 1980–97. Journal of Peace Research 40(6): 619–640.

Open Society Justice Initiative. 2016. Undeniable Atrocities: Confronting Crimes against Humanity in Mexico, Open Society.

Phillips, B. J. 2015. How does leadership decapitation affect violence? The case of drug trafficking organizations in Mexico. Journal of Politics, 77(2), 324–336.

Rivera, M. 2016. The sources of social violence in Latin America: An empirical analysis of homicide rates, 1980–2010. Journal of Peace Research 53(1): 84–99.

Trejo, G. & S. Ley. 2018. (por publicarse). “Multi-Level Partisan Conflict and Drug Violence in Mexico: When Do Criminal Organizations Attack Subnational Elected Officials?” En A. Giraudy, E. Moncada & R. Snyder (eds.) Inside Countries: Subnational Research in Comparative Politics, Cambridge University Press.

2017. “Why Did Drug Cartels Go to War in Mexico? Subnational Party Alternation, the Breakdown of Criminal Protection, and the Onset of Large-Scale Violence.” Comparative Political Studies. DOI: 10.1177/0010414017720703. Agosto.

2016. “Federalism, Drugs, and Violence: Why Intergovernmental Partisan Conflict Stimulated Inter-cartel Violence in Mexico.” Política y Gobierno 23(1): 9–52.

2015. “Municipios bajo fuego (1995–2014).” Nexos, febrero 2015.

Información adicional

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