HACIA UN MODELO EFICAZ DE INVESTIGACIÓN POLICIAL1

Leonel Fernández Novelo,
Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, AC

Los dos principales problemas que impiden que en México se puedan desarrollar acciones que fomenten y protejan la paz son la corrupción y la impunidad. Y si bien la primera es un componente fundamental de la segunda, la impunidad también se puede mitigar a través de un diseño institucional eficaz. En particular, el modelo actual de investigación criminal, o para ser precisos la falta de uno, impide resolver los problemas de seguridad y dar acceso a la justicia a los mexicanos, lo que se traduce en impunidad. Un camino posible y urgente para comenzar a resolver este problema es la definición de la policía y del Ministerio Público (MP) que queremos a partir de sus atribuciones y capacidades.

A pesar de que en los últimos ocho años se han aprobado e implementado cambios mayúsculos al modelo de justicia, y el gasto en seguridad ha aumentado más del 60%2, la percepción de inseguridad y la incidencia delictiva siguen en aumento.3

Sin embargo, uno de los eslabones más importantes para lograr más seguridad y justicia ha quedado fuera del aumento del presupuesto, de las capacitaciones, y en general, de toda discusión y atención pública: las áreas de procuración de justicia –integradas por Ministerios Públicos, Policía de Investigación y peritos.4

Este no es un tema menor. En la práctica, las acciones policiales se reducen sólo a reaccionar ante el delito y a tratar de realizar detenciones en flagrancia para poner a disposición del Ministerio Público al mayor número de individuos. Por su parte, el aparato de procuración de justicia se enfoca sólo en resolver jurídicamente caso por caso, o en su defecto, en lograr la prisión del imputado, aunque sea preventivamente. ¿Qué nos dice esto? Que las autoridades creen que encarcelar al mayor número posible de detenidos es la única vía para resolver el problema de la inseguridad en México.

Esta forma de hacer política pública deja fuera elementos importantes para lograr que las acciones de seguridad sean efectivas, como el entendimiento de que el crimen no está aislado del contexto en el que se desenvuelve, que se puede identificar el comportamiento criminal por tipo de delito, y que sus características geográficas son observables. Sin el análisis científico de estos factores, es difícil pensar en acciones de prevención y contención que permitan disminuir los delitos sin necesidad de utilizar la cárcel como única herramienta.

A través de los Ministerios Públicos, las Procuradurías y Fiscalías Generales juegan un papel central en el proceso y cuentan con atribuciones que van, desde la investigación de los delitos (caso por caso, incluso en los robos menores), peritajes y el litigio para ejercer acción penal y puestas a disposición, hasta realizar estudios sobre el comportamiento delictivo. En concreto, el MP controla todas las fases, desde las puestas a disposición hasta el ejercicio de la acción penal. Prácticamente, no hay una sola fase del proceso donde el Ministerio Público no tenga alguna atribución directa.

Sin embargo, parece que el eslabón más importante dentro al sistema actual: las áreas de procuración de justicia, es el menos fortalecido y el que asume más carga en el proceso. Un ejemplo: en promedio, existen sólo 7.5 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes5, mientras que la tasa total de delitos en 2017 fue de 1,464.5 por cada100 mil habitantes.7 Esto significa que cada agente tendría que investigar y resolver 195 casos en un año, y dado que la investigación criminal en México se hace caso por caso –sin tener en cuenta la relación que pueden tener estos entre sí– es poco probable que cada MP pueda realizar todo el proceso de investigación y resolución de un caso en tan sólo un día y medio. Menos aún, que se puedan generar estrategias a partir de inteligencia e investigación del comportamiento y de la geografía del crimen.

Por otra parte, la Policía de Investigación, antes conocida como Policía Judicial, que se encuentra bajo el mando del MP, tiene poco o nulo intercambio de inteligencia con la policía dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. Sus atribuciones se reducen a realizar diligencias solicitadas por el MP dentro de cada caso. No pueden investigar comportamientos o evidencia de acciones que puedan llevar a descubrir nuevos delitos, si esto no se encuentra de una carpeta de investigación de un caso específico. Asimismo, los aumentos de equipamiento para las policías, y la discusión sobre mando, controles de confianza y capacitación, no han tomado en cuenta a este grupo policial sobre el cual, junto con el Ministerio Público, recae la responsabilidad real de la disminución de los delitos.

Por otro lado, las policías municipales y estatales, que han dispuesto de una gran cantidad de recursos y han recibido subsidios tales como FASP y FORTASEG , y de las cuales se presumen las grandes inversiones en equipamiento y vehículos, tienen muy poco campo de acción al investigar los delitos, reduciendo su función, en la práctica, a simplemente captar delincuentes en flagrancia y responder llamadas de alerta. Lo anterior, aún cuando cuentan con información precisa e inteligencia suficiente para , por ejemplo, detener a una banda de asaltantes de casas, o desarrollar acciones de prevención situacional ante un delito específico, en una zona y momento del día particulares. Sus posibilidades de llevar a cabo estas tareas por si mismas son mínimas. ¿Por qué? Según sus atribuciones actuales, si quieren investigar una serie de delitos relacionados, la investigación debe ser coordinada por el MP a partir de un caso en particular, ya sea por su propia iniciativa o a solicitud de las policías. Además, en ocasiones, la inteligencia que generan las policías municipales y estatales no se considera oficial debido a que no se encuentra dentro de ninguna carpeta de investigación.

La lógica podría llevarnos a concluir que la respuesta es aumentar el presupuesto para las procuradurías y fiscalías. Sin embargo, si los recursos no se invierten inteligentemente, un simple aumento del dinero público destinado a desarrollar políticas y acciones de prevención y reducción del delito, y a la procuración de justicia, resulta insuficiente.. Por ejemplo: Es necesario tener claro qué tipo de delito afecta a cuáles colonias en particular, y diseñar acciones específicas.

Tampoco será útil más inversión mientras las diferentes áreas involucradas (policías, investigadores, peritos, Ministerios Públicos, jueces y cárceles) no trabajen en coordinación con el objetivo de generar más seguridad y más justicia. Sin estas condiciones, el sistema será un barril sin fondo en donde el gasto público tendrá nula efectividad.7

De hecho, una de las razones por las que el aumento de los presupuestos para seguridad no ha funcionado para disminuir los delitos en México ,es la poca eficacia del modelo de procuración de justicia de la que ya hemos hablado. Mientras no se disminuya la carga de atribuciones del Ministerio Público y se desarrolle un modelo de investigación basado en inteligencia policial es poco probable que las cosas cambien.

Antes de que se sigan ejerciendo millones de pesos del erario sin evidencia de efectos positivos visibles, es indispensable que se revise el modelo de investigación criminal existente y se diseñe uno nuevo. Junto con el nuevo sistema de justicia penal, este modelo debe tener como objetivo generar más justicia, más seguridad y más paz; no sólo un mayor número de detenciones.

Para ello, los ejes centrales para la discusión de este nuevo sistema deberían ser:

  1. Redefinir las obligaciones que tiene el Ministerio Público de tal manera que sus funciones se centren exclusivamente en el litigio de los casos penales. Las puestas a disposición se deben hacer ante jueces, y las denuncias y reportes ante la policía. Para que haya justicia, el Ministerio Público debe ser capaz de evaluar la evidencia de tal forma que pueda presentar el caso adecuadamente ante el Poder Judicial.
  2. Dotar a las secretarías de seguridad pública de capacidades independientes de investigación. Para ello, las policías de investigación –actualmente dependientes del MP–, deben formar parte de las secretarías de seguridad pública municipales, estatales y federal. La carrera policial debe incluir la posibilidad de que cada agente pueda convertirse en policía de investigación al crecer en la institución. Las policías deben tener la facultad legal y operativa para investigar concentraciones de delitos de tal forma que les permita identificar posibles culpables y presentar evidencia valida, independientemente de que exista una denuncia o no.

Estas actividades deben ir acompañadas también del fortalecimiento de las instituciones: salarios dignos y suficientes, capacitación adecuada y constante, tanto para policías como ministerios públicos, desarrollo de servicio civil de carrera, entre otras estrategias. Además, es importante seguir capacitando en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio a los miembros de las procuradurías, fiscales y policías; y no sólo a los jueces.

Aun hay un largo camino por delante para resolver los problemas de eficacia institucional en el sistema. Es fundamental iniciar esta discusión para pasar de un sistema reactivo, –que se enfoca a resolver casos individuales, no entiende la dinámica delincuencial, ni considera la geografía del crimen para actuar en
consecuencia– a uno cuyo objetivo sea desarrollar justicia y paz a partir de inteligencia, un sistema que permita la prevención y la reducción del crimen.

REFERENCIAS

  1. Agradezco los comentarios y aportaciones de Lilian Chapa Koloffon.
  2. Ethos, 2017
  3. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, INEGI, 2017.
  4. Ethos, 2017
  5. Idem
  6. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Estadísticas Delictivas, marzo de 2018.
  7. Pocos estudios se han realizado sobre la efectividad del gasto, sin embargo, vale la pena revisar Descifrando el gasto público en seguridad, Ethos, 2017.

Información adicional

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