En 2025, la tasa de homicidios en México cayó 22.7% —casi 7,000 muertes menos que el año anterior, el mayor descenso en un solo año del que se tiene registro. Ese avance se produjo en paralelo a otro fenómeno que merece atención: el incremento más pronunciado en la población carcelaria del país en años recientes.

La población penitenciaria se disparó en 2025, aumentando en casi 21,000 personas para llegar a más de 256,000 al cierre de diciembre: la cifra más alta registrada al final de un año. Para febrero de 2026, los registros oficiales ya mostraban más de 260,000 personas privadas de libertad en las 276 prisiones del país.

Las mejoras en paz parecen haberse apoyado, al menos en parte, en una mayor aplicación de la ley bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero la supresión de la violencia mediante la fuerza puede generar ganancias en el corto plazo sin abordar las condiciones estructurales que dan origen al crimen organizado, y sus costos —económicos e institucionales— son significativos.

La estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum, presentada en octubre de 2024, puso énfasis en el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la inteligencia y la coordinación institucional, con el objetivo declarado de reducir homicidios, secuestros y extorsiones. En la práctica, esto se tradujo en un aumento notable de arrestos a lo largo del año.

El nombramiento de Omar García Harfuch como Secretario de Seguridad colocó la inteligencia y la capacidad investigativa en el centro de la estrategia. Este enfoque parece haber permitido al gobierno federal identificar objetivos con mayor rapidez y coordinar arrestos de manera más eficaz entre dependencias.

El aumento en las detenciones también respondió a presión externa. La administración Trump exigió a México actuar más rápido contra personas con presuntos vínculos con los cárteles y acelerar las acciones contra objetivos prioritarios, bajo amenaza de ampliar los aranceles. Esta presión añadió una dimensión diplomática a la estrategia de seguridad interior, en particular en los estados fronterizos.

Una manifestación visible de este giro fue el lanzamiento de la Operación Frontera Norte el 5 de febrero de 2025, días después de que Trump amenazara con un arancel de 25% a las importaciones mexicanas. Para finales de diciembre de 2025, el Gabinete de Seguridad informó que la operación había derivado en la detención de 10,379 personas y la confiscación de miles de armas.

Las dinámicas del sistema de justicia pudieron haber reforzado estas tendencias. Tras la reforma judicial de 2024, que introdujo la elección directa de jueces, los ingresos a centros penitenciarios superaron con creces a las liberaciones. Organizaciones de derechos humanos han advertido que la reforma podría debilitar la independencia judicial y socavar garantías del debido proceso, aunque su contribución precisa al aumento en los encarcelamientos sigue siendo difícil de aislar.

El aumento tiene implicaciones económicas significativas. El costo indirecto del encarcelamiento —medido como ingreso laboral perdido valuado al salario mínimo— asciende a aproximadamente 13,000 millones de pesos anuales. Alojar a 21,000 internos adicionales implicaría al menos 1,000 millones de pesos adicionales en producción económica perdida anualmente, sin incluir los costos directos de procesar e internar a los infractores.

De acuerdo con el World Prison Brief, México tiene la novena mayor población penitenciaria del mundo en términos absolutos. En términos per cápita, con aproximadamente 192 internos por cada 100,000 habitantes, supera el promedio global de alrededor de 140. El sistema opera por encima de su capacidad, con una tasa de ocupación del 115%.

La supresión de la violencia mediante la fuerza puede apoyar ganancias en el corto plazo, pero no aborda por sí sola las condiciones estructurales que generan el crimen organizado. México cuenta con apenas dos jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes —una séptima parte del promedio mundial—, lo que alimenta acumulaciones de casos, altos niveles de impunidad y un elevado número de personas en prisión preventiva, que ya representan el 42.4% de la población penitenciaria.

Si México podrá consolidar las mejoras recientes dependerá no solo de la eficacia de la aplicación de la ley, sino de la capacidad de su arquitectura judicial para procesar casos, adjudicar responsabilidades y, en última instancia, reducir los factores que subyacen a la violencia.