Violencia y polarización política
Las elecciones generales de 2024 serán las más grandes en la historia de México. Además de seleccionar un nuevo presidente, el país elegirá miembros completamente nuevos de ambas cámaras del Congreso, así como numerosos gobernadores y escaños legislativos a nivel estatal. En total se elegirán casi 20,000 cargos. Además, es probable que una mujer sea elegida para dirigir el país por primera vez, después de que tanto el partido de gobierno como la principal coalición de oposición seleccionaron a mujeres como candidatas.
Sin embargo, en los últimos años las elecciones se han asociado con aumentos de la violencia. La tasa de homicidios más alta registrada en México se produjo en julio de 2018, el mes siguiente a las últimas elecciones generales, cuando a nivel nacional hubo 2.5 asesinatos por cada 100,000 personas, equivalente a más de 3,150 muertes.
La siguiente figura muestra el número anual de eventos de violencia política en México desde las últimas elecciones importantes en 2018. Según los registros de Data Cívica, dichos eventos incluyen asesinatos, agresiones físicas, secuestros, desapariciones y actos de intimidación. El año de la última elección presidencial, 2018, vio un alto nivel de violencia política en todo México, con 167 incidentes registrados, 92 de los cuales fueron homicidios. Durante los dos años siguientes, el número registrado de actos de violencia disminuyó, alcanzando en 2020 el nivel más bajo en seis años, con 71 eventos. Sin embargo, en los últimos tres años el número de eventos ha ido aumentando constantemente. El año pasado se registró la cifra más alta registrada, con 275 eventos de violencia política, de los cuales 171 fueron homicidios.
Entre 2018 y 2023, la violencia política se ha dirigido principalmente al personal político o gubernamental que opera a nivel municipal. De los más de 1,000 incidentes registrados, más de las tres cuartas partes han sido ataques a nivel municipal. Los ataques contra funcionarios estatales, candidatos, personal y sus familiares juntos representan casi una quinta parte de todos los ataques. Los ataques contra personas a nivel federal han sido los menos comunes y representan menos del 6% del total.
Los analistas han citado una variedad de factores que impulsan los niveles desproporcionados de violencia política asociados con las elecciones municipales y los funcionarios gubernamentales. Estos incluyen la importancia sustancial que el poder local tiene para los grupos criminales organizados, quienes tienden a considerar el control a nivel municipal como central para sus operaciones. Se sospecha que tales motivaciones estuvieron en juego, por ejemplo, en el asesinato de dos aspirantes a alcalde con pocas horas de diferencia en la ciudad de Maravatío, Michoacán, en febrero de 2024. Además de utilizar la violencia con fines políticos, los grupos criminales organizados han entrado directamente a la política, siendo ahora conocidos por financiar las campañas de candidatos amigos de ellos o incluso presentar sus propios candidatos. Además, los políticos y candidatos municipales —que son mucho más numerosos que los de los niveles estatal y federal— también pueden encontrarse en posiciones más vulnerables porque las fuerzas de seguridad locales a menudo están menos equipadas para brindar protección contra grupos criminales más fuertemente armados que las fuerzas estatales o federales.
La siguiente figura muestra la proporción de víctimas por área de gobierno. Los funcionarios actuales y anteriores en puestos ejecutivos, como alcaldes, gobernadores y miembros del gabinete, junto con sus familiares, han sido el blanco de la mayor parte de la violencia y representan más de la mitad de las víctimas entre 2018 y 2023. Los candidatos y su personal de campaña también fueron objetivos importantes, ya que representaron casi un tercio de las víctimas. En cambio, los ataques fueron menos frecuentes contra personas afiliadas a los poderes judicial y legislativo del gobierno, así como contra funcionarios económicos y financieros, que en conjunto representaron alrededor de una sexta parte de las víctimas.
El aumento de la violencia política en México ha coincidido con una creciente polarización política. Como ocurre con muchos países, ha habido una creciente división en el panorama político del país a lo largo de líneas partidistas. Hay factores de larga data que alimentan la polarización. Sin embargo, en los últimos años la polarización también se ha intensificado por ciclos electorales polémicos, así como por relaciones cada vez más conflictivas entre las voces dentro del gobierno, por un lado, y los medios de comunicación, por el otro. Esta última tendencia ha llevado a un entorno mediático más polarizado, lo que a su vez alimenta la polarización dentro de la ciudadanía en general.
La siguiente figura muestra los resultados de las encuestas de opinión de las últimas dos décadas, lo que revela que las perspectivas sobre el gobierno se han vuelto mucho más polarizadas en ese tiempo. En 2002, la brecha en los índices de aprobación del gobierno federal entre los ciudadanos que se identificaban como de izquierda y los que se identificaban como de derecha era sólo de 21 puntos. Esa brecha, sin embargo, ha aumentado considerablemente. En 2020, había alcanzado 83 puntos porcentuales, un aumento de casi cuatro veces. Esto indica que las personas que se consideran conservadoras o progresistas se han vuelto mucho menos propensas a mostrar diversidad de opinión que hace 20 años. Esto tiene implicaciones importantes para el afianzamiento de opiniones y la voluntad de ciudadanos y funcionarios de colaborar con quienes tienen diferentes perspectivas políticas para el bien común.
Las investigaciones también han demostrado que la polarización y la fragmentación política puede exacerbar la violencia y socavar los esfuerzos por construir la paz. Se ha descubierto que los grupos criminales organizados explotan eficazmente las divisiones en el gobierno a nivel local, estatal y federal para aumentar su influencia. Un estudio sobre la violencia en México entre 2006 y 2012, por ejemplo, encontró que los municipios donde tanto el gobierno municipal como el estatal pertenecían al mismo partido político que el gobierno nacional experimentaron un 105% menos de violencia que los municipios alineados con la oposición ideológica. Los estados más polarizados, donde existen marcadas divisiones entre ideologías políticas rivales, tienden a tener instituciones más débiles y una menor cohesión social.
En cambio, las sociedades que pueden mantener un mayor grado de cohesión social y política están mejor equipadas para contener la violencia y fomentar la paz. Este ha sido en gran medida el caso de Yucatán, que consistentemente se ubica como el estado más pacífico del país. Las investigaciones han atribuido el éxito del estado a la capacidad de sus instituciones políticas y de seguridad para mantener relaciones intergubernamentales de cooperación durante las últimas décadas, incluso cuando los partidos en el poder a nivel estatal y federal diferían. La continuidad resultante en el liderazgo de sus fuerzas de seguridad ha contribuido a la permanencia y la cohesión dentro y entre las agencias.
