Gasto del Gobierno en la contención de la violencia en México
En 2021, el impacto económico de la violencia en México se estimó en 4.9 billones de pesos (US$243 mil millones), equivalente al 20.8% del PIB de México. El impacto económico de la violencia mejoró por segundo año consecutivo en 2021, disminuyendo un 2.7%, o 137 mil millones de pesos, con respecto al año anterior. Las disminuciones en delitos como homicidio, secuestro y robo apuntalaron la mejora en el impacto económico de la violencia.
El gasto del gobierno en contener y enfrentar la violencia representó el 12.8% del impacto económico de la violencia en México en 2021, o 633.1 mil millones de pesos. El gasto en contención de la violencia comprende los gastos del gobierno en seguridad pública, las fuerzas armadas y el sistema judicial.
La siguiente figura muestra que el gasto público en el ejército, el sistema judicial y el orden y la seguridad públicos ha aumentado un 78.5% desde 2007, aunque el tamaño del aumento ha sido diferente para cada categoría. El gasto militar aumentó un 127% desde 2007 para llegar a casi 167 mil millones de pesos, el nivel de gasto más alto registrado. En el mismo período, el gasto en seguridad pública y el sistema judicial ha aumentado un 18.4% y un 56.2%, respectivamente.
Estas diferencias sugieren que México se inclina cada vez más hacia una solución militar a su problema de seguridad pública, particularmente con la creación de la Guardia Nacional que combina personal de la policía militar, la policía naval y la policía federal. En cuatro de los últimos cinco años, el gobierno ha recortado los fondos para la seguridad pública y el sistema de justicia, mientras que el gasto militar ha disminuido solo una vez en los últimos cinco años, lo que explica la inflación.
El gasto en contención de la violencia en el contexto internacional
México gasta menos en seguridad, justicia y seguridad pública que los promedios regionales e internacionales. El gasto militar de México equivale al 0.6 % de su PIB, muy por debajo del promedio mundial. De manera similar, el gasto público mexicano en justicia y seguridad pública está muy por debajo de los niveles regionales e internacionales. México gastó el 0.63 % de su PIB en el sistema de justicia y seguridad pública en 2021, menos de la mitad del promedio de la OCDE . Una tendencia similar surge cuando se compara el gasto mexicano en justicia y seguridad interior con el de otros países de América Latina y el Caribe . Teniendo en cuenta los altos niveles de violencia del país, se podrían obtener resultados considerables aumentando la inversión en seguridad pública y el sistema de justicia para igualar el promedio de la OCDE.
Dada la magnitud de las afectaciones directas por homicidios y delitos con violencia, existe un fuerte argumento a favor para aumentar el gasto en contención de la violencia en México. El sistema mexicano ha tenido dificultades para desarrollar la capacidad judicial suficiente para satisfacer la demanda. En consecuencia, el sistema de justicia de México muestra la necesidad de incrementar el número de jueces. México tiene un promedio de 4.5 jueces por cada 100,000 habitantes . Esto es la mitad del número promedio de jueces en comparación con el resto de América Latina y casi cuatro veces menos que el promedio mundial. Este déficit limita la capacidad del sistema judicial para procesar casos y crea atrasos de casos sin resolver y personas encarceladas sin sentencia. Al aumentar el número de jueces, la capacidad del sistema legal de México puede mejorar , lo que conducirá a reducciones en el hacinamiento en las cárceles y los encarcelados sin sentencia.
Sin embargo, aumentar el número de jueces por sí solo no es suficiente, pues se necesitantambién esfuerzos concertados para reducir la corrupción en el sistema judicial y mejorar la confianza pública. Al evaluar la eficiencia y la eficacia del gasto público en los sectores de la justicia y la seguridad pública, se concluye que gastar más allá de un nivel óptimo tiene el potencial de limitar el desarrollo económico de una nación. Esto se debe a que una inversión excesiva en seguridad desviaría innecesariamente fondos de otros sectores como la educación y la salud.
Sin embargo, la inversión insuficiente puede crear condiciones para niveles más altos de impunidad, lo que a su vez reduce los factores disuasorios del crimen y la violencia. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), existe un déficit de aproximadamente 42 % de policías estatales, hallazgo que respalda la hipótesis de subinversión en seguridad. Con 1.02 policías por cada 1,000 habitantes, México está por debajo del estándar internacional mínimo de 1.8 policías por cada 1,000 habitantes establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CONASP).
Los recursos públicos limitados significan que un aumento en el gasto para contener la violencia debe financiarse mediante el aumento de impuestos o la reasignación de fondos de otros sectores. Estas compensaciones no son fáciles de navegar y presentan un importante desafío político. En México, la falta de capacidad en los sectores judicial y de seguridad conduce a una brecha de seguridad donde los costos consecuentes de la violencia superan con creces los costos de contención. Por lo tanto, lograr un gasto óptimo en seguridad pública es importante para lograr el uso más productivo del capital.
