Violencia contra policías 

En todo México, se han visto niveles elevados de la violencia contra los policías en los últimos años, una tendencia que refleja los desafíos significativos que enfrentan las fuerzas del orden en el país. El incremento en los ataques puede atribuirse a varios factores, incluyendo el fortalecimiento de los cárteles de la droga y otros grupos criminales que ven a la policía como un obstáculo directo para sus operaciones ilegales. Este panorama no solo afecta la seguridad de los policías, sino que también tiene implicaciones profundas para la estabilidad y la seguridad pública en general. 

La organización Causa en Común ha mantenido registros de los asesinatos policiales desde 2018. Con base en sus registros, la siguiente tabla muestra el número de muertes policiales en todo México en los últimos seis años, de 2018 a 2023. Más de 2,600 agentes han sido asesinados en los últimos seis años, con al menos 412 muertos en 2023. La tabla también describe el tamaño estimado de la fuerza policial total de cada estado, que comprende fuerzas policiales municipales, fuerzas policiales estatales y miembros de la Guardia Nacional desplegados en cada estado. Sobre esta base, también incluye estimaciones sobre el número de policías por cada 1,000 habitantes y la tasa promedio anual de homicidios policiales por estado desde 2018. 

Con al menos 387 agentes asesinados desde 2018, Guanajuato ha experimentado por mucho la mayor cantidad de homicidios policiales de cualquier estado. Le siguen Guerrero, el Estado de México, Zacatecas y Chihuahua, cada uno con más de 160 agentes asesinados. En cambio, Campeche, Yucatán, Aguascalientes, Baja California Sur y Nayarit han registrado cada uno diez o menos homicidios policiales en los últimos seis años. 

Sin embargo, la verdadera letalidad del trabajo como oficial de policía quizás se comprenda mejor en términos de las tasas de homicidio policial. Frente a una fuerza policial nacional de más de 450,000 agentes, los más de 2,600 asesinatos policiales registrados en los últimos seis años equivalen a una tasa anual estimada de homicidios policiales de 96.8 muertes por cada 100,000 agentes. Esto sugiere que ser oficial de policía en México es casi cuatro veces más peligroso que ser miembro del público en general, ya que la tasa general de homicidios en México ha sido en promedio de 26.4 muertes por cada 100,000 personas desde 2018. 

Además, en determinados estados los peligros asociados al trabajo policial son considerablemente mayores. Si bien Guanajuato ocupa el primer lugar en términos de total de agentes asesinados, ocupa el tercer lugar en términos de tasa de asesinatos policiales. Como proporción de la fuerza policial general y en relación con la población general del estado, Zacatecas se ubica como el lugar más peligroso para desempeñarse como oficial de policía. Zacatecas tiene una tasa promedio anual de homicidios policiales de 553, lo que significa que los agentes del estado han tenido alrededor de un 0.55% de posibilidades de ser víctimas de homicidio cada año desde 2018. Esto es casi nueve veces mayor que la tasa promedio de homicidios de 2018-2023 para el público en general en Zacatecas. 

En los últimos años, Zacatecas ha sido un campo de batalla clave en el sangriento conflicto multiestatal entre el CJNG, el Cartel de Sinaloa y sus respectivos aliados. Las carreteras del estado son de particular importancia para el transporte de drogas hacia el norte de Estados Unidos. En todo México, estos grupos se han mostrado repetidamente dispuestos a atacar a las fuerzas de seguridad del gobierno en busca de una mayor influencia. Según los registros de Causa en Común, Zacatecas experimentó 32 asesinatos policiales en 2023, frente a un máximo de 60 el año anterior. El ataque más letal del estado contra la policía en 2023 involucró a cinco agentes secuestrados por un grupo criminal armado en el pequeño municipio de Villa Hidalgo a principios de agosto. Los agentes fueron encontrados muertos una semana después. 

En contraste, los agentes de policía de Yucatán —el estado más pacífico de México— enfrentan la tasa de homicidios policiales más baja del país. Basándonos únicamente en las tasas de homicidio, es más seguro ser policía en Yucatán que ser un ciudadano promedio en México. La tasa de homicidios policiales del estado de 6.8 está muy por debajo de la tasa nacional de homicidios del público en general. Sin embargo, la tasa de homicidios policiales de Yucatán sigue siendo sustancialmente más alta que la tasa de homicidios general del estado, que en promedio ha sido de solo 2.1 muertes por cada 100,000 personas desde 2018. 

En los últimos seis años, la policía no ha sido víctima de violencia homicida en proporciones iguales en todas las fuerzas policiales. Tanto en términos relativos como absolutos, las policías municipales son las que han visto más agentes asesinados, con más de 1,400 muertes, lo que representa el 53.8% del total. Si bien en la mayoría de los estados las fuerzas policiales municipales representan la mayor proporción del total de agentes, a nivel nacional su membresía representa sólo alrededor de un tercio de la fuerza policial total. Después de las fuerzas municipales, las policías estatales son las que han experimentado el mayor número de asesinatos, con más de 1,050 muertes, lo que representa el 39.9% del total.  

La policía estatal es la segunda fuerza general más grande en la mayoría de los estados y representa casi la mitad de la fuerza policial nacional total, aunque más de dos quintas partes (alrededor de 95,000 agentes) de toda la policía a nivel estatal operan solo en la Ciudad de México.  

Finalmente, la policía a nivel federal, que desde 2019 forma parte de la Guardia Nacional, ha experimentado la menor cantidad de muertes, con alrededor de 170 muertes, lo que representa el 6.3% de todos los asesinatos policiales desde 2018. Los miembros de la Guardia Nacional representan aproximadamente una quinta parte de la fuerza nacional de policías. 

La violencia contra los policías no solo impacta a los oficiales mismos y sus conocidos, sino tiene consecuencias para toda la sociedad. Puede socavar la seguridad pública al debilitar la capacidad de las fuerzas del orden para proteger a la ciudadanía, lo que puede llevar a un aumento de la criminalidad. Además, generan un impacto psicológico desmoralizante en otros oficiales y afectan la retención de agentes y la capacidad de las fuerzas de reclutar nuevos miembros. Estos actos también representan un ataque directo al estado de derecho, desafiando la autoridad del estado y erosionando la confianza en sus instituciones. Esto puede contribuir a desencadenar un ciclo de represalias que complica aún más los esfuerzos por restablecer la paz y la seguridad.